El pasado 11 de junio, la revista Atenea –especializada en seguridad y defensa- publicaba un artículo –léalo aquí- del teniente de Navío Francisco Gallego Aranda. En el escrito, el oficial subalterno ponía en tela de juicio la decisión de Defensa de cerrar la playa que rodea a la base naval de Rota.
Además, critica también el trato que reciben los soldados al regresar de sus misiones, el desahucio en Madrid de varias familias de militares “para alojar a otras de artistas”, o la retirada de los lemas “A España servir hasta morir” de la Academia de Suboficiales del E.T en Talarn.
En agosto de 2009, tras unas denuncias ciudadanas y un reportaje de televisión emitido en Antena 3, el alcalde de la localidad gaditana solicitaba a Defensa el cierre de ese espacio. Argumentaban que es un espacio público que la población general no puede utilizar salvo por los “privilegiados” militares, llegó a decir el jefe del consistorio.
Sin embargo, la versión de los militares, que recoge el artículo del teniente de Navío sancionado, es radicalmente distinta: La playa es pública –como todas en España-, pero para acudir a ella es necesario solicitar un permiso especial a la base. El arenal se encuentra dentro de la zona de seguridad de la base, y esta ubicación conlleva ciertas restricciones. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa ordenó el cierre de la playa y la prohibición de utilizarla a los militares.
Esta “cerrazón” provocó malestar entre la tropa, pero pensaron que sería “algo pasajero”, una decisión revocable. Este mismo año, en mayo de 2010, el Almirante de la Flota confirmaba por escrito a los militares que la playa no volvería a abrirse para los familiares: tan sólo podrán usarla los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y para hacer deporte, no para fines lúdicos.
Al conocer esta comunicación del máximo responsable de la Armada en Rota, el personal de la base inició una campaña de recogida de firmas para tratar de revertir la decisión. Fue entonces cuando el teniente de Navío decidió enviar un artículo a la revista citada para recriminar esta orden.
Tras la publicación de la misiva, Gallego Aranda fue requerido para una audiencia previa con la asesoría jurídica del Almirante de la Flota, donde le preguntaron por la intención que perseguía al escribir este artículo. El respondió que únicamente mostrar su opinión. Su temor era la apertura de un expediente y la imposición de un arresto domiciliario.
El superior directo del teniente –capitán de Navío Ferreriro- le llamo a su despacho. Le dijo que tenía una propuesta de expediente disciplinario sobre su mesa, pero que aún no lo había leído. Al final, el expediente disciplinario se quedó en ‘reprensión por escrito’, la mínima sanción aplicable que contempla la ley disciplinaria por falta leve. El Confidencial Digital ha podido saber que la intención del afectado es recurrir la sanción, al considerarla “una amenaza”.
Por otra parte, la esposa del teniente de Navío ha enviado a El Confidencial Digital una carta en la que explica las circunstancias que rodearon la sanción aplicada a su marido.
Puede leerla pinchando aquí. El teniente de Navío Francisco Gallego Aranda, de 40 años, está casado y tiene dos hijos. Ha estado destinado en Ferrol, Cartagena y en la base naval de Rota.
Como esposa del Teniente de Navío Francisco José Gallego Aranda quiero denunciar públicamente el acoso al que está siendo sometido mi marido desde que la Revista Atenea en su página web publicó un artículo de opinión que él les envió. Mi marido, además de oficial de la Armada es Licenciado en Derecho y actualmente está realizando un Doctorado en el Instituto Gutiérrez Mellado sobre Opinión Pública y Seguridad.
Nunca estuvo entre “los elegidos para la gloria”, y con la nueva Ley de Carrera Militar muy probablemente será prejubiladado a una edad relativamente temprana ( cincuenta años quizás?), con lo cual está formándose y preparándose por si eso ocurriera. En los últimos meses ha enviado cuatro artículos de opinión, dos de los cuales (referentes a la nueva Ley de Carrera Militar y al futuro de las Fuerzas Armadas) se los han publicado la revista Atenea Seguridad y Defensa y los otros dos en la edición digital de dicha revista.
Todos con gran éxito entre sus compañeros de profesión, habiendo recibido numerosas felicitaciones por ello. Pero resulta que el último, referente al cierre de la playa de la Base de Rota y el rechazo a la profesión militar, al parecer ha levantado ampollas entre los mandos militares y han decidido que se le abra expediente disciplinario. Motivos: que critica órdenes del Almirante de la Base y critica la actuación de los órganos de la Defensa. Hablamos de crítica cuando es una opinión negativa? El derecho a la libertad de expresión y opinión está recogido en el artículo 20 de la Constitución Española(en nuestra Constitución “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a la producción y creación literaria, científica y técnica”).
También se reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consagra que todo individuo tiene derecho “a la libertad de opinión y de expresión”. Como claramente puede comprobar cualquiera que lea los artículos no son ofensivos ni injuriosos. Entonces, si los mandos militares que abren expediente disciplinario por expresar su opinión sobre diferentes cuestiones no quieren que opinen, ¿están incumpliendo la ley? ¿Le quieren censurar? ( si un superior te pide que le des los artículos antes de enviarlos para su publicación eso es censura, ¿no?) ¿Solamente se puede opinar positivamente sobre lo maravilloso que es el Ejército? ¿Hay que callar si algo no gusta? Se podría intentar mejorar opinando? ¿Quien realmente roza la legalidad? La mayoría de los Oficiales de la Armada sacrifican su vida familiar por la profesional. Aceptan destinos que implican vivir largas ausencias y frecuentes cambios de residencia, obligando a sus familias a trasladarse con ellos y a sus hijos a cambiar de colegio (muchísimas veces el traslado se produce cuando ya no hay plazas en los colegios e incluso ocurre que hermanos se ven obligados a ir a diferentes colegios, eso sin contar cuando el traslado es a una Comunidad Autónoma en la que las clases no son en castellano ... ).
Sacrificios que quizás en el futuro nadie les recompensará. Esto no les preocupa a los mandos militares, pero si un artículo de opinión sobre el cierre de una playa? Es considerado Gallego
Aranda un rebelde en su profesión? Sus artículos son leídos por miembros de los tres ejércitos, comentados en foros, con comentarios a favor y en contra… Pero nadie de momento sale públicamente en su defensa, ni defendiendo sus opiniones. Ningún Almirante en activo sale en defensa de la libertad de opinión, sólo los retirados… En el seno de las Fuerzas Armadas existe miedo? Existe dentro del Ejército una peculiar práctica de mobbing? (término que en el mundo empresarial se usa para referirse al acoso laboral). La respuesta es clara: los informes personales subjetivos son decisivos para un ascenso, y más con la nueva ley. Muchos puestos son designados “a dedo”,y los de Almirante los que más. Los oficiales con aspiración de llegar a ser Almirantes razonablemente guardan silencio, los demás por si acaso también, evitando represalias.
A la apertura del expediente disciplinario hay que sumarle las sutiles amenazas para que cambie de destino por ser un subordinado incómodo. Y por supuesto se llevará los peores informes personales, con lo cual con la nueva ley de carrera militar nunca ascenderá. Sus aspiraciones con las que soñaba al entrar en las fuerzas armadas quedarán frustrados. Pero por supuesto, a su mando no le importa. Respecto a los políticos poco hay que decir. Continuamente decepcionan. Estamos denunciando los hechos. Quizás ganemos esta batalla, recurriendo a los tribunales. Pero, y los daños ocasionados, quien los compensará?
Elena Medina Camacho
El Puerto de Santa María
